El terrorismo de Estado con su saldo de más de cinco mil vÃctimas, las agresiones biológicas, las campañas mediáticas y el bloqueo económico, comercial y financiero conforman una polÃtica que tal vez ningún paÃs ha sufrido a lo largo de la historia, pese al reconocido fracaso del objetivo de imponer a los cubanos una agenda que no escogieron. Alegadas violaciones de los derechos humanos y de exportar la revolución a otros pueblos oprimidos han servido como puntas de lanza a Washington para justificar su postura ante la comunidad internacional.
‘Nadie puede negar que la Revolución que nacÃa aquel 1 de enero no ha tenido, a lo largo de 60 años, un minuto de sosiego, ya vamos por 12 administraciones norteamericanas que no han cejado en el empeño de forzar un cambio de régimen en Cuba utilizando una u otra vÃa, con mayor o menor agresividad’, advirtió hace apenas unos dÃas el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.
El lÃder señaló que la actual administración parece tomar el rumbo de la confrontación, y algunos de sus voceros buscan el deterioro de las relaciones bilaterales a partir del fortalecimiento del bloqueo.
De los pretextos empleados contra la mayor de las Antillas, tal vez el menos conocido es el de las nacionalizaciones que el gobierno cubano realizó en la década de los años 60 del pasado siglo, una medida legÃtima en el propósito de la Revolución de devolver el archipiélago a su único dueño: el pueblo de Cuba.
En marzo de 1996, el entonces presidente William Clinton firmó la Ley Helms-Burton, una escalada en la agresividad de la Casa Blanca, dirigida a recrudecer el bloqueo y multiplicar su carácter extraterritorial, iniciativa que incluye el polémico TÃtulo III.
Dicho apartado establece la autorización a nacionales estadounidenses y a propietarios que no eran ciudadanos de Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones -cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado- a presentar ante tribunales del paÃs norteño demandas contra todo extranjero que ‘trafique’ con las mismas.
Sucesivos republicanos y demócratas ocupantes de la Oficina Oval en el uso de sus facultades ejecutivas y de lo dispuesto en la propia ley, incluyendo a Donald Trump en 2017 y 2018, suspendieron por seis meses la aplicación del TÃtulo III, conscientes del complejo panorama que representarÃa su materialización.
La vÃspera, el Departamento de Estado anunció la suspensión por sólo 45 dÃas, argumentando la intención de revisar cuidadosamente el tema ‘a la luz de los intereses nacionales de Estados Unidos y de los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba’.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTE PASO?
En una declaración de rechazo a la decisión de ayer, la CancillerÃa de la isla llamó la atención sobre el impacto que traerÃa la materialización del TÃtulo III de la Ley Helms-Burton, en particular la violación flagrante del Derecho Internacional y el ataque directo a la soberanÃa y los intereses de terceros paÃses.
‘Esta decisión que el gobierno de los Estados Unidos amenaza con adoptar, implicarÃa que, contrario a lo que establece el Derecho Internacional y la práctica de las relaciones internacionales, individuos y entidades extranjeras con negocios legÃtimos en Cuba, puedan verse ante la amenaza de afrontar reclamaciones infundadas y carentes de legitimidad ante tribunales de los Estados Unidos’, subrayó.
Asimismo, mencionó la posibilidad de que cualquier cubano y cada comunidad del paÃs podrÃan ver cómo se presentan ante tribunales demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlÃnico donde reciben atención médica y los terrenos sobre los que se edifican sus barrios.
De acuerdo con el director para Estados Unidos de la CancillerÃa, Carlos Fernández de CossÃo, de imponerse el TÃtulo III, constituirÃa un serio obstáculo para solucionar el tema de las reclamaciones, afectarÃa los intercambios bilaterales y la escasa cooperación entre las partes.
A partir del acercamiento anunciado en diciembre de 2014 por los entonces presidentes Raúl Castro y Barack Obama, La Habana y Washington dieron pasos iniciales en los diálogos sobre compensaciones mutuas, pese a la elevada complejidad polÃtica, técnica y jurÃdica del asunto.
La gran prensa y personas interesadas en la confrontación sólo mencionan la cuestión de las nacionalizaciones cubanas y el derecho a la reclamación de los afectados, pero ignoran el derecho de la isla al resarcimiento por décadas de agresividad desde Estados Unidos.
En ese sentido, el Tribunal Popular Provincial de La Habana declaró ‘Con Lugar’ en noviembre de 1999 la demanda del pueblo cubano contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos y lo sancionó a repararlo e indemnizarlo por 181 mil 100 millones de dólares.
Unos meses después, el propio tribunal sentenció compensaciones por 121 mil millones de dólares, cifras que han aumentado con la continuidad del bloqueo económico, comercial y financiero.
Cuba ha reiterado su disposición a hallar una solución al complejo asunto, que serÃa aún mucho más difÃcil de resolver si la Casa Blanca decide hacerle el juego a los sectores anticubanos más hostiles, que abogan por la aplicación del TÃtulo III.
A propósito del asunto, Fernández de CossÃo recordó recientemente en Twitter que las nacionalizaciones de los años 60 se realizaron en sintonÃa con las leyes locales e internacionales.
Cuba contempló las compensaciones, fue el gobierno de Estados Unidos el que nunca aceptó abordar la cuestión, dijo el diplomático, quien aseguró que se trata de una postura fácil de verificar y ‘la tergiversación de los hechos no puede cambiar la historia’.
En las últimas horas, dirigentes de la isla han reaccionado a la polÃtica de chantaje y mentira de Washington.
‘No permitiremos el chantaje polÃtico, tenemos razones y verdades suficientes y legÃtimas para enfrentar tanta hostilidad y desprecio’, escribió en Twitter el presidente Miguel DÃaz-Canel, mientras el canciller Bruno RodrÃguez calificó la maniobra con el TÃtulo III de una hostilidad irresponsable y un brutal ataque al Derecho Internacional y a terceros Estados.
Ante tan tenso escenario, cobra gran importancia el llamado de Raúl Castro del pasado 1 de enero.
‘Reitero nuestra disposición a convivir civilizadamente, pese a las diferencias, en una relación de paz, respeto y beneficio mutuo con los Estados Unidos. También hemos señalado con toda claridad que los cubanos estamos preparados para resistir un escenario de confrontación, que no deseamos, y esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno norteamericano lo puedan evitar’, sentenció.
